Hilemos fino en el problema de DOE RUN PERU. Más vale maña que fuerza.

Por primera vez en mucho tiempo, gobierno, partidos políticos, ongs ambientalistas se ponen de acuerdo en algo: que la compañía Doe Run Perú filial de la estadounidense Renco Group Inc., propietaria de la fundición de La Oroya se ha pasado largamente de la raya, que ya la paciencia no da más, que se ha evidenciado que esta empresa capitaneada por el multimillonario y controvertido norteamericano Ira Rennert ha sorprendido al Perú, logrando postergaciones de sus plazos para incumplir los PAMAs, utilizando la necesidad de sus trabajadores para alargar las inversiones en favor del medio ambiente y además de tener chantajeado al Estado peruano porque el Rennert se ha asegurado como buen especulador de oportunidades – como en la clásica película de Danny de Vito “Other people’s money”- de de ser el principal acreedor de la fundición que ha llevado las cosas a un punto muerto, en donde hasta el momento siempre ha venido vencido este astuto negociante.

Como siempre, a pesar de que hay consenso el problema está en cómo atacar la solución a este problema complejo, así están quienes dicen en fácil: echemos al gringo del Perú, resolvamos el contrato, nacionalicemos, saneemos la fundición y luego démosla en nueva concesión a otra empresa que respete el medio ambiente, pero la verdad, está bien que no enojemos, indignemos, pero que al momento de actuar seamos bravos, pero no brutos, porque no debemos olvidar que nacionalizar Doe Run Perú le costaría al Estado peruano 1.180 millones de dólares. Para hacerlo el Estado tendría que pagar al menos las siguientes sumas: 150 millones de dólares a su propietario que como dijimos es acreedor de la empresa; 120 millones de dólares a sus proveedores de los concentrados para poder operar la fundición. A eso habría que sumar la deuda que la empresa tiene con la SUNAT, que suma 270 millones de dólares, y los costos por la limpieza ambiental que son 40 millones de dólares más, también la inversión que se precisa para terminar la planta sub-estándar que son otros 100 millones de dólares, fuera de la indemnizaciones de los juicios en Estados Unidos por daños contra a la salud de la población y juicios laborales que ascenderían cerca de los 500 millones de dólares.

Por eso una salida menos dramática y menos incordiosa –que nos libre de una mala imagen internacional- pero que efectivamente acabe con este problema está en que el gobierno se decida a subvencionar con 10,000 dólares a cada uno de los trabajadores de La Oroya para que se reubiquen laboralmente en otros lugares, quemándole la película al astuto Rennert, mientras que ello sólo le costaría al Estado unos 40 millones de dólares, como lo han planteado sagazmente algunos economistas. Así mismo con 200 millones de dólares se estima se puede construir una fundición similar de última generación cerca que sustituya a la existente y a medio construir ubicada en La Oroya.

Acabemos con este problema con inteligencia y sin demagogias que sólo favorecerían a capitalistas truhanes como Rennert o a extremistas irresponsables como los nacionalistas demagogos que ya conocemos demasiado.

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